El pasado viernes 23 de diciembre de 2020, en pleno contexto de preparativos navideños, los medios de prensa informaron la remoción del Monumento a Julio A. Roca en la Ciudad de Rio Gallegos, que había sido inaugurado y colocado en 1941. De acuerdo a las explicaciones del Municipio que recogieron los medios, el Monumento fue desplazado por razones vinculadas a reformas en la vía pública, dejando abierta la posibilidad de su traslado a otro hipotético espacio de la ciudad patagónica, según detalló Infobae.
En julio de 2021, una cuestión similar se hizo eco a través de los medios en el marco de un relanzamiento de un espacio verde. La municipalidad de Bahía Blanca propuso cambiarle el nombre al parque Campaña del Desierto, ubicado en el ingreso a la ciudad, y en la votación el nombre que resultó ganador fue el de Julio Argentino Roca, dejando en segundo lugar el nombre original y a Ricardo Alfonsín como tercera opción. La votación se hizo por medio de una plataforma virtual en la que los votantes debían registrarse.
(Campaña de la Municipalidad de Bahía Blanca que proponía cambiarle el nombre al Parque Campaña del Desierto).
Ambos episodios, aunque con características diferentes, ya que en Bahía Blanca trató de una decisión pública asociada a la realización de obras públicas mientras en Río Gallegos hubo un proceso de consulta a la sociedad, parecen ser las dos vértices de un misma problemática: la de las representaciones políticas en torno a la figura de Julio A. Roca, un tema arduamente discutido y atravesado por diversas capas donde confluyen, una y otra vez, la Historia y la Memoria, así como las interpretaciones y valoraciones en torno al pasado, construidas siempre y necesariamente desde el presente. Pero además estas tensiones se inscriben en un marco más amplio de procesos de desmonumentalización, mediante los cuales y en diversos sentidos, las sociedades cuestionan los posicionamientos políticos que entronizaron a los próceres en el pasado o al menos a algunos de ellos.
Contexto de desmonumentalización
Ya desde fines del siglo XIX en América Latina y en la Argentina y al desde al menos un siglo antes en los países europeos, el desarrollo de los Estados nacionales fue acompañado por procesos de construcción de imaginario y representaciones, orientadas a la definición y exaltación de sentimientos de nacionalidad, en sociedades muy heterogéneas y dinámicas. Los procesos de construcción de imaginarios nacionales se desplegaron en un amplio abanico de proyectos, tales como monumentos, museos, obras de arte, cartografías, etc. En cada uno de ellos los “usos del pasado” estuvieron a la orden del día para la construcción de relatos intelectuales y visuales.
El arte público fue uno de los lenguajes por excelencia del imaginario patriótico. Paulatinamente, la afirmación de la nación y su panteón de héroes y episodios célebres dieron lugar al surgimiento de la idea de patrimonio, como aquellos bienes y edificios que debían ser conservados por los Estados para la protección y proyección de la memoria, la enseñanza de la historia y el disfrute de las sociedades. Pierre Nora se refirió al despliegue de estos procesos en Francia con el ya conocido concepto de lugares de la memoria, ampliamente utilizado y aplicado a los más diversos contextos. Historia y memoria actuaron en conjunto para la proyección de estos lugares, ya que, como explica el historiador Enzo Traverso, no solo la primera es constructora de representaciones y sentimientos, sino que también lo es la segunda, tal vez más disimulada por las características de la labor académica y su pretensión cientificista.
¿Preservación o destrucción?
Es interesante advertir la relación dialéctica entre preservación y destrucción detrás de los procesos de formación de colecciones púbicas. Fue durante la Revolución Francesa cuando surgió la noción de patrimonio nacional. Ante las acciones populares destructivas de los símbolos de la opresión y la monarquía, que podrían ser leídos en clave de acciones iconoclastas de un nuevo tipo, los propios gobiernos revolucionarios advirtieron la necesidad de proteger y otorgar estado público a edificios, monumentos y bienes culturales, como parte del patrimonio de la nación francesa, y aun a pesar de sus significados políticos e ideológicos, a menudo refractarios a los valores e ideales de la Revolución.