La educación fue un objetivo primordial de los gobiernos de Sarmiento, Avellaneda y Roca. El sistema educativo desplegado desde el Estado nacional pretendía brindar instrucción pública al conjunto de la población, mediante la proyección de futuros ciudadanos, así como argentinizar a una sociedad muy diversa. La Ley 1420 sancionada durante el primer gobierno de Julio A. Roca fue una expresión cabal del valor asignado a la educación pública.
En los nuevos territorios incorporados de la región pampa-patagonia, también se proyectó la fundación de una red de escuelas estatales orientadas a la educación niños y niñas indígenas, de acuerdo con los ideales del Estado nacional. Científicos y naturalistas apoyaron dicha empresa en línea con un proyecto político que gozaba de alto consenso: “civilizar” a las sociedades indígenas para transformar a sus habitantes en futuros ciudadanos argentinos, así como en trabajadores plausibles de ser incorporados a la economía capitalista agroexportadora.
Si bien por una parte, estas políticas públicas proyectaban la integración de los indígenas a la nación como ciudadanos y como sujetos disciplinados y productivos, por otra parte, esta modalidad de integración suponía la minimización de sus propias identidades como sociedades.
